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  • La sentencia

    Tenemos derecho a repugnarnos con que, en poco tiempo, estos tipos estén en la calle. Pero hay que leerse la sentencia

    Cualquier otra sentencia que no condenase a más de 20 años de cárcel a los animales de «La Manada» difícilmente iba a ser aceptada por todos los que han dado por hecho que nos encontramos ante un delito de evidente violencia sexual. Posiblemente este columnista entre ellos. Que una serie de individuos borrachuzos y con testosterona sobreactuada se encierren en un portal con una joven de 18 años para penetrarla sucesivamente, con absoluto desprecio por la dignidad más elemental de la mujer, abandonándola a su suerte poco después no sin haberle robado su teléfono móvil, describe la catadura moral y las hechuras brutales de semejantes sujetos, todos ellos merecedores del reproche social más rotundo por su conducta vergonzosamente machista. Se pongan como se pongan, unos hombres que se visten por los pies -y no por la polla- no se meten en una escalera con una muchacha a la que no conocen y abusan de ella alternativamente, ora tú, ora aquél, ora yo, hasta completar el repóquer. La sentencia, con la correspondiente discrepancia de uno de los magistrados, decide que los individuos en cuestión, que llevan dos años en la cárcel, son reos de un delito de abusos, no de violación. La diferencia estriba en varios años de cárcel: en lugar de los 22 que pedía el fiscal, la cosa quedará en los 9 que decide el tribunal. Habida cuenta que llevan un par en la cárcel, podrían salir de prisión dentro de dos o tres más. En esas edades previas a la treintena, cinco años de cárcel no son pocos: paralizan el periodo de expansión de una persona y marcan para toda la vida. En cualquier caso, les está merecido.

    La sentencia, a decir de juristas de solvencia contrastada, establece una débil frontera entre la agresión y el abuso, consistente en el concurso de violencia o intimidación para conseguir la penetración y el acceso carnal. Los integrantes del grupo utilizaron una situación de superioridad manifiesta pero, a decir del Tribunal, sin el concurso intimidatorio, es decir, con una suerte de consentimiento que, aunque no fuera tal, los individuos pudieran haberlo entendido así. Se me hace muy difícil asumirlo, igual que a usted, pero la decisión del Tribunal está basada en relatos del Tribunal Supremo amén de la consideración que haya merecido el visionado de los vídeos. Yo no los he visto, aunque me los imagino, pero los jueces sí. Ignoro detalles de algo que me parece vomitivo, pero soy de los que cree que si las decisiones de los jueces no nos gustan caben los recursos y la razonable disensión. Otra cosa son los aspavientos.

    Y no digamos el aprovechamiento populista, al que siempre está abocada parte de nuestra clase política. La insuficiente resistencia de la víctima -tal como entendemos que sugiere el Tribunal- es clave en este asunto, lo que invita a pensar que debe de haber algo más que el simple terror de la joven, ya que de no ser así no se comprende que se haya decidido que no se opuso lo suficiente al «jolgorio» -como señala el magistrado discrepante- que se dio en aquel fatídico portal. El cuerpo, a cualquiera de nosotros, nos pide mucha más contundencia ya que, a simple vista, se trata del trato aberrante de cinco bestias que penetran salvajemente a una joven. Que ello no sea calificado de violación por el hecho de que la joven no pusiera en peligro su vida resistiéndose heroicamente plantea peligrosos precedentes. Y pone en bandeja, evidentemente, cada recurso que puedan plantear ante instancias superiores. Mal asunto, en cualquier caso.

    Eso sí: tenemos todo el derecho a dudar de la verdad judicial y a criticarla con toda contundencia, lo cual es compatible con el respeto al Estado de Derecho. Y a repugnarnos con que, en poco tiempo, estos tipos estén en la calle. Pero hay que leerse la sentencia.

  • El Gobierno actúa en la humillación a hijos de guardias civiles en Cataluña

    El Gobierno ha decidido actuar en el caso de las humillaciones a hijos de guardias civiles en las clases del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca, un día después de las cargas policiales del 1 de octubre. El detonante de la reacción del Ministerio de Educación ha sido la denuncia presentada por la Fiscalía especial de delitos de odio y discriminación de Barcelona contra nueve docentes de este centro escolar por «humillar» a los niños.

    Esta grave situación ha llevado al departamento que dirige el ministro Íñigo Méndez de Vigo a enviar una carta a la Generalitat de Cataluña, a cuyo contenido ha tenido acceso ABC. En esta misiva reclama una amplia documentación sobre el caso. El Ministerio quiere «la documentación sobre el protocolo de quejas del profesorado efectuado en el centro –quejas de los padres, traslado al profesorado en cuestión y resolución del director a los padres–».

    Igualmente, reclaman el informe de la dirección del colegio, «en el supuesto de que haya actuado en el procedimiento de quejas». Otra de las cuestiones sobre las que el Ejecutivo tiene interés es en el informe de la dirección, en el supuesto de que haya una solicitud judicial; así como en el de la inspección, tanto si han sido requeridos por vía administrativa como judicial.

    Educación quiere acceder a las resoluciones de la Dirección de Servicios Territoriales y a «cualquier otro documento administrativo, incluido si se hubiese producido un informe sobre la intervención de los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica».

    Finalmente, piden cualquier otra información que «obre en el expediente citado». Cuando el Ministerio de Educación reciba la información solicitada analizará el contenido de la misma y, según ha podido saber ABC, tiene previsto convocar «de inmediato» una reunión de «alto nivel» en Barcelona para buscar soluciones a esta situación, siempre respetando la vía judicial.

    En este encuentro participarán representantes del Ministerio de Educación, altos mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Delegación del Gobierno en Cataluña y los padres de los niños afectados.

    «Profunda hostilidad»

    La Fiscalía denunció a nueve docentes del centro por presuntamente «humillar» a los hijos de los guardias civiles, atribuyéndoles a los profesores un presunto delito contra los derechos fundamentales de los menores.

    Además, a cuatro de estos maestros les acusó de otro delito de injurias graves contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Estos menores fueron supuestamente humillados con frases como: «Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer», provocando el llanto de los hijos de guardias civiles; o «la Policía y la Guardia Civil son unos animales y unos bestias que solo saben dar palos».

    En su denuncia, la Fiscalía pone de manifiesto que había un clima de «profunda hostilidad» hacia la Guardia Civil, protagonizada por «una parte de la sociedad catalana que defiende postulados independentistas».

    El objetivo era descargar la ira contra «todo aquello que represente España o defienda la unidad de Cataluña con España», según la Fiscalía.

  • Violencia, símbolos en llamas y burlas: lo que vive la Guardia Civil en Alsasua

    El juicio a los ocho individuos acusados por la agresión de dos agentes de la Benemérita y sus parejas ha revelado muchas de las vejaciones, provocaciones y burlas a las que se enfrenta la Guardia Civil en Alsasua. Todas ellas tienen el objetivo de tratar de expulsar a los agentes del pueblo navarro y denigrar la labor de los Cuerpos de S eguridad.

    Para ello, como aparece reflejado en los siguientes vídeos, se utiliza la violencia contra los agentes de la Benemérita, se queman símbolos asociados al colectivo policial, se caricaturizan los desfiles militares para compararlos con el nazismo o, entre otras cosas, se siembran de estiércol las carreteras de la comarca.

    El procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional se acerca a su inminente final y los acusados se enfrentan a penas de más de 50 años. En el caso de que los jueces sentencien de acuerdo a las peticiones de la Fiscalía, los ocho individuos juzgados serán condenados por terrorismo.

    Violencia en la «Ospa Eguna»

    Este vídeo muestra el denigrante trato recibido por la Benemérita durante una intervención para retirar unas carrozas en Alsasua durante la celebración del «Ospa Eguna» y el «Alde Hemendik» (cuya traducción es algo como: «¡que te pires!»). En dicho cometido, los agentes son sometidos a multitud de provocaciones, insultos e incluso agresiones.

    En las imágenes, la reportera del portal vasco Ahotsa.info, Alda Pozueta, entrevista a Adur Ramírez, uno de los acusados por la agresión en este pueblo navarro que, en la actualidad, permanece encarcelado. El supuesto agresor, con un discurso victimista, llega a referirse a los agentes de la Guardia Civil como «perros» y explica cómo han levantado barricadas con mesas en torno a las carrozas para dificultar su retirada. Además, define la jornada en la que se encuentran como un «potente movimiento popular» que busca «pedirles que se marchen de aquí». Por lo demás, otros jóvenes comentan que seguirán con los actos previstos y se lamentan, continuando con el lenguaje victimista, de que la Benemérita les fastidie la fiesta.

    Queman símbolos de la Guardia Civil

    La plaza mayor de Alsasua se convierte en la anfitriona de la quema de símbolos de la Benemérita como un tricornio gigante o figuras de guardias civiles por parte de unos individuos vestidos con pieles que transmiten una imagen «tribal» e irrisoria del evento. También aparecen numerosos encapuchados con bengalas que golpean a modo de broma a los vecinos mientras simulan pertenecer al citado cuerpo policial.

    También se incluyen decenas de pintadas y pancartas en las que les exigen a los policías que se marchen del pueblo. «Iros de aquí hacia España» o «Estado asesinos, stop», son algunos de los mensajes que transmiten de este modo.

    Estiércol en las carreteras y pintadas

    Las actuaciones de los extremistas durante el día de la «Ospa Eguna» persisten tras la puesta de sol. Varios encapuchados esparcen estiércol a lo largo de las carreteras y posteriormente hacen pintadas al borde de estas para dejar su marca a través del anagrama de «Ospa», en un cargado color amarillo.

    La letra de la canción que se reproduce junto a las acciones vandálicas también va acorde con la habitual recriminación de este grupo: que la Guardia Civil se marche del pueblo. «Largo de aquí, les hemos dicho y no lo han entendido. Los «txakurras» (perros) día y noche, aquí no vale el miedo, lo mandaremos fuera de aquí», recita.

    Burlas al Rey y comparación de la Benemérita con nazis

    En un vídeo cargado de ironía y con intención de burlarse de la Monarquía y las fuerzas de seguridad del Estado, Alsasua entera se moviliza, en 2009, para caricaturizar con el noticiario franquista «No-Do» un desfile militar denominado «La parodia del Rey». Logrados disfraces de guardias civiles, pequeñas carrozas de helicópteros y hasta una orquesta que interpreta el himno de España acompañan a un hombre disfrazado del Rey Juan Carlos I que saluda «a sus tropas».

    Hasta aquí todo correcto. La problemática surge cuando, a modo de burla, los supuestos soldados realizan el saludo a la romana (el mismo que hacían nazis) para dirigirse al Rey y portan una bandera con la esvástica del «Tercer Reich» junto a la española. Su objetivo: tratar de desprestigiar a las instituciones representadas asociándolas con los símbolos de la Alemania nazi. Todo ello para finalizar con un mensaje que aparece en el vídeo: «Si seguimos juntándonos y luchando contra ellos, conseguiremos echarlos de una vez por todas, ¡que se vayan ostias!».

  • La Fiscalía califica de terrorismo y fascismo «puro» el ataque de Alsasua

    Aludió a «lo peor de la naturaleza humana», revivió el «miedo» que corta la vida cotidiana, y denunció que la herencia de ETA sigue viva en algunos «barrios, pueblos y ciudades» de Navarra y el País Vasco. El fiscal José Perals representó ayer con palabras el «clima de terror» creado en Alsasua (Navarra), donde dos guardias civiles y sus parejas recibieron una paliza en la madrugada del 15 de octubre de 2016, la noche previa a la feria del ganado.

    El objetivo de su relato era alcanzar la mente de los tres jueces de la Audiencia Nacional que resolverán si el ataque fue o no un acto terrorista. Los tres magistrados escucharon atentos al fiscal. Era la novena sesión de la vista oral, en la que las acusaciones expusieron sus conclusiones definitivas.

    «Supremacistas abertzales»

    «Aún persiste una herencia de terror en el País Vasco y Navarra que no es sino una prolongación del terrorismo que se ha vivido en España durante 50 años. Deciden ellos quiénes pueden estar o no en su pueblo. Es lo peor de la naturaleza humana. Es la xenofobia, el fascismo en estado puro. Es lo que defienden los supremacistas abertzales», proclamó el fiscal, que ayer ratificó las penas solicitadas para los ocho supuestos agresores: condenas de entre 12 y 62 años y medio de prisión. Ellos niegan la animadversión contra la Guardia Civil, y no admiten haber dado un solo golpe: sus abogados han buscado difuminar su presencia en la agresión.

    Tras practicarse las pruebas en el juicio, el momento de la verdad para el contraste de las versiones enfrentadas, la Fiscalía confirmó su acusación por terrorismo contra los supuestos agresores: Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda, Oihan Arnanz, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Aratz Urrizola, Iñaki Abad y Ainara Urquijo. El Ministerio Público encuadra el ataque en una campaña de acoso para atemorizar a la Guardia Civil y expulsarla del País Vasco y Navarra, una estrategia heredada de ETA y sus satélites, liderada ahora por las plataformas de la izquierda abertzale. Según las acusaciones, esta táctica la canaliza en Alsasua el movimiento Ospa, en el que ubican de forma clara a Unamuno y Ramírez de Alda, dos de los tres acusados que permanecen en prisión preventiva. Ospa desplegó su actividad de lleno en 2011, tras el cese de las armas de ETA.

    «No fue una pelea de bar, fue una acción organizada para agredir exclusivamente a los guardias civiles y sus parejas con una finalidad terrorista», concluyó el fiscal, que alegó que el fin era expulsar a los agentes y «atemorizar a una parte de la población que no piensa como ellos». El representante del Ministerio Público calificó la agresión -que provocó una fractura de tobillo al teniente agredido, entre otras lesiones- de «terrorismo de baja intensidad». «Terrorismo al fin y al cabo», matizó el letrado de las dos parejas de los agentes, Jaime Zuza, que destacó el testimonio de Paulette, el amigo de los acusados que admitió la agresión.

    En su alegato, el fiscal vinculó el acoso a la Guardia Civil en la estrategia que marcó ETA para hostigar a los colectivos policiales. «Aunque el frente armado haya dejado de matar, el resto de dinámicas del conglomerado terrorista ha permanecido», señaló. Acudió a antiguas sentencias para detallar que ETA estaba formada por un frente armado, un frente institucional y un frente de masas, un colectivo que extendió el ideario terrorista «en los barrios, los pueblos, y las ciudades». Se refirió a la llamada Alternativa KAS, el programa de exigencias que ETA buscó imponer y que incluía la retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

    Los acusados «son herederos» de ese ideario y de la convicción de que se puede defender a través de la violencia, manifestó el fiscal. Perals acusó al alcalde de Alsasua, Javier Ollo, de desatender a las víctimas, apoyar a los agresores y utilizar un lenguaje que habla de «conflicto», sin llamar a las cosas por su nombre. Ollo -del partido nacionalista Geroa Bai- testificó y reconoció haberse reunido solo con las familias de los acusados. El fiscal cargó contra los «políticos melifluos» y aseguró que «venir dentro de 20 años a pedir perdón no valdrá».

    «Afortunadamente no hay muertos, pero hay lesiones, y esas lesiones generan un terror que se traspasa al resto de habitantes de Alsasua y de Navarra. Y ese es el terror que perseguía el entramado terrorista», continuó el fiscal, cuyas palabras caían como losas en la espalda de los acusados. Ensalzó la valentía de las parejas de los agentes, y l amentó el «miedo» a pasear con sus novios.

    Aseguró que los presuntos agresores fueron a por los agentes «única y exclusivamente por ser guardias civiles, y a por ellas por ser las parejas de los guardias civiles». «No fue fortuito, se avisaron a través de los teléfonos móviles», añadió Perals, que expuso que hay pruebas suficientes para condenarles por terrorismo. Las defensas rebatirán estas tesis el próximo jueves, 3 de mayo, en su turno de conclusiones definitivas.

    El fiscal señaló que Unamuno y Ramírez de Alda impulsaron el ataque, que comenzó en el interior del bar Koxka y culminó en su salida, en la calle García Ximénez del municipio navarro, de unos 7.500 habitantes. También aprovechó el alegato, de unas dos horas, para concretar la participación en al ataque de los ocho acusados, siete de los cuales fueron identificados por al menos tres víctimas. En los actos de Ospa situó a Unamuno y Ramírez, los «impulsores», y a Goicoechea y Urrizola.

    «Violencia política»

    «Como consecuencia de esta dinámica» ocurrió la agresión, zanjó Perals, que habló de «violencia política». Según el fiscal, el teniente «intentó que todo fuera normal», en alusión a las iniciativas que impulsó para acercar a la Guardia Civil a los ciudadanos de Alsasua, con jornadas de puertas abiertas y actividades divulgativas. «Eso es lo que no quieren, por eso se ensañaron con él», manifestó. Cuando llega la convivencia pacífica, «te muelen a palos».

    El letrado de Covite, Rubén Múgica, alegó que, si los jueces no ven terrorismo, una cuestión que ha suscitado la crítica de ciertos sectores sociales, equivaldría a considerar la agresión como «un ataque personal». Corremos el riesgo de retroceder a los tiempos en los que los cachorros de ETA «campaban a sus anchas», reflexionó Perals.

    «Lo que se juzga no es romperle el tobillo a una persona, sino determinar si esas personas siguen una estrategia que la propia ETA ha declarado equivocada con todo el cinismo que se puede esperar de una banda terrorista».

  • El Gobierno ve «estabilidad» para afrontar los pactos de Estado

    Instantes después de acabar la votación sobre las enmiendas de devolución de los Presupuestos, el presidente Rajoy subrayó que era «un primer paso muy importante», pero nada más que eso. Las cuentas públicas han salvado el primer escollo, pero el examen definitivo será en la semana del 21 de mayo, cuando se voten las secciones y el Gobierno necesite 176 votos para superar el rechazo de la oposición. «Vamos a seguir trabajando con los grupos que nos han apoyado para poder entre todos aprobarlo de manera definitiva», explicó Rajoy, quien no dejó de recordar que el Gobierno seguirá haciendo«lo que pueda», o lo que le dejen: «Se trata de gobernar bien e ir haciendo poco a poco lo que podemos hacer».

    En realidad, el optimismo en La Moncloa es mayor que el expresado por Rajoy en los pasillos del Congreso. «Se ha conseguido estabilidad para el resto de legislatura», señalaron fuentes del Gobierno. Aunque los Presupuestos no están aún aprobados, el camino ha quedado limpio de obstáculos. En el Congreso nadie duda ya de que las cuentas saldrán adelante, y eso permitirá, en el peor de los casos, que el Gobierno pueda prorrogarlas en 2019, si no logra otro acuerdo en el futuro, y llegar así sin demasiada dificultad a 2020.

    Rajoy tiene por delante cerca de dos años de estabilidad, en los que tratará de cerrar algunos pactos de Estado que considera prioritarios. El más inmediato es el de la reforma del modelo de financiación autonómica. En la reunión que mantuvo con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, la semana pasada en La Moncloa, se comprometió a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera en mayo, y llevar una propuesta sobre el nuevo modelo. Este paso supondría el desbloqueo de la negociación, después de que en enero de 2017 la Conferencia de Presidentes aprobara un acuerdo para que antes de fin de ese año estuviera ya preparada la propuesta.

    El Gobierno se ha encontrado con un PSOE que, más allá del pacto constitucionalista en Cataluña, no quiere darle ni agua. En La Moncloa se quejan de la falta de voluntad negociadora de Pedro Sánchez, por lo que esperan avanzar en un acuerdo entre las comunidades, que facilite después la negociación en el Parlamento.

    El pacto que no llega

    Rajoy no quiere acabar la legislatura sin cerrar otro gran pacto, el de las pensiones. El acuerdo presupuestario con el PNV, para subir las pensiones conforme al IPC en 2018 y 2019, es una medida puntual. El pacto de Estado trataría de garantizar el sistema público de pensiones en el futuro, pero el optimismo con el que empezó a trabajar el Gobierno se fue diluyendo poco a poco, al comprobar que los intereses de la oposición iban por derroteros más electoralistas. Rajoy intentó encauzar el pacto en un debate monográfico en el Pleno del Congreso, el pasado 14 de marzo, pero este solo sirvió para ver la «subasta» de los diferentes grupos.

    De momento, el acuerdo sobre las pensiones se ha enfriado, más aún después del golpe de efecto de Rajoy al pactar la subida en 2018 y 2019 con el PNV. Pero en La Moncloa siguen pensando que el pacto de Estado sobre el sistema de pensiones daría sentido por sí mismo a una legislatura sin mayorías en el Congreso.

    El tercer gran pacto de Estado que Rajoy quería cerrar esta legislatura es el de Educación, pero ha quedado en vía muerta, después de que el PSOE se levantara de la Subcomisión, por no llegar a un acuerdo sobre la financiación del sistema educativo. Una legislatura más, la Educación podría quedar fuera de los acuerdos de los partidos.

    Puede estar mucho más cerca un consenso sobre la política del agua en España. Esa es una de las principales tareas encargadas por Rajoy a su ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. El Gobierno ve posible un acercamiento con el PSOE, y la respuesta de su jefe de filas no ha sido, por el momento, de rechazo frontal, como en otros pactos. El pacto del agua podría tener un impulso en breve y protagonizar una de las imágenes de consenso de la legislatura.

  • El juez cita a Gallardón por la compra de la filial del Canal en Iberoamérica

    El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, ha citado a declarar el próximo 7 de junio a Alberto Ruiz-Gallardón, expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, por haber autorizado en 2001 la compra supuestamente irregular de Inassa, la filial del Canal de Isabel II en Iberoamérica. Gallardón, como adelantó ABC, está formalmente investigado en esta causa desde enero de 2017, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el 28 de noviembre del año anterior que la causa se dirigiera, además de contra otras personas, también contra él.

    El juez considera que Ruiz-Gallardón podría ser responsabe de los delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación por el importante quebranto patrimonial que supuso para la empresa pública del Canal la mencionada compra y las irregularidades que se cometieron en la adquisición de Inassa, autorizada en un consejo de gobierno celebrado en 2001 presidido por el investigado. Además de a Gallardón el magistrado cita el día 5 de junio a Carlos Mayor Oreja, entonces consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal por tener esa condición, y a Manuel Cobo, exconsejero de Presidencia, 24 horas después.

    Declarciones previas

    En esta pieza han declarado ya varios ex altos cargos de la Comunidad en la época de Gallardón y los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II. Entre otros, el juez ha escuchado los testimonios del exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Pedro Calvo y el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, que fue director gerente del Canal. La mayoría defendieron ante el juez la legalidad de la compra de Inassa y negaron sobrecostes. Incluso, señalaron que en realidad fue una operación beneficiosa para el Canal que se adquirió por un precio mucho menor del que costaría hoy. En el mismo sentido se pronunciaron algunos técnicos del Canal que declararon que la adquisición de la filial colombiana fue una buena oportunidad para la empresa pública.

    La citación del expresidente madrileño era, como publicó ABC en mayo del año pasado, cuestión de tiempo.

    Para la Fiscalía Anticorrupción la operación fue absolutamente irregular y provocó unas pérdidas para las arcas públicas de 66 millones de euros. El Canal de Isabel II pagó por Inassa, a través de una sociedad interpuesta creada «ad hoc» más de 83,5 millones de euros, que se han ido pagando hasta 2012. Pero aún más extraño le resulta que se utilizara otra mercantil radicada en Panamá para hacer los pagos a los propietarios de Inassa. Curiosamente esa segunda sociedad se disolvió al día siguiente de la operación.

    Desplazamiento aparente

    La compra «fraudulenta» de Inassa por parte del Canal fue autorizada por el consejo de gobierno de la Comunidad pese a que la empresa pública, según se recogía en sus estatutos, sólo podía operar en Madrid. Para realizar una inversión internacional de esas características se tenía que haber aprobado un decreto expreso para el caso concreto, algo que sin embargo no se hizo. Es más, para intentar dar cobertura legal a la adquisición se modificaron los estatutos, pero cuando la operación ya se había realizado.

    Además, la constitución de una sociedad vehículo para la compra de Inassa pretendía, según los investigadores, justificar un aparente desplazamiento del centro de decisiones, y en cuanto a la mercantil a través de la cual se hicieron los pagos su adquisición no fue autorizada. Sólo se permitía la compra de Inassa, y la interposición de una sociedad panameña carecía de toda justificación económica e iba contra la lógica jurídica, ya que el uso instrumental de sociedades radicadas en paraísos fiscales sólo se puede entender por un intento de hacer la operación de forma opaca.

    Por si fuera poco, el crédito que se pidió a una entidad bancaria para financiar la operación se solicitó sin el informe favorable de la Comisión de Presidencia, Hacienda y Presupuestos de la Comunidad de Madrid. De la misma forma, no consta que se realizaran trámites esenciales de índole administrativa para poderse autorizar la compra.

    La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado recientemente un auto en el que rechaza el archivo de esta pieza del caso Lezo, razón por la cual el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha tomado la decisión de tomar declaración a todos los investigados que aún quedaban por ser interrogados.

  • Revés judicial para Diosdado Cabello en su cruzada contra los medios

    Los 21 directivos de tres medios venezolanos demandados por supuesta difamación por Diosdado Cabello piden que se levanten las restricciones que se les impuso hace tres años. El número dos del régimen venezolano los llevó ante los tribunales por hacerse eco de una información de ABC en la que se revelaba una acusación de narcotráfico formulada contra él en EE.UU. por su propio jefe de seguridad. Los demandados consideran que la causa ha prescrito al haberse cumplido 18 meses desde el inicio del proceso.

    La petición de estos directivos de medios se produce después de que Cabello haya perdido una demanda en EE.UU. contra «The Wall Street Journal», al que había llevado a los tribunales precisamente por otra información publicada en 2015 sobre sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

    Manuel Puyana, directivo del portal «Tal Cual», uno de los afectados por la demanda junto con «El Nacional» y «La Patilla» hizo un paralelismo entre el fallo en el caso del periódico estadounidense y lo ocurrido con los tres medios venezolanos. «Es increíble que Cabello haya pagado miles de dólares a un bufete de abogados para que lo defienda en los tribunales de Nueva York y que haya perdido dos veces la demanda, mientras que los tribunales venezolanos no se atreven a cumplir las leyes nacionales por vergüenza o por temor a Cabello», afirma Puyana.

    Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ya había perdido una demanda en 2017 frente a «The Wall Street Journal», pero insistió en culpar al rotativo de «enlodar» su imagen por relacionarlo con negocios de narcotráfico en otro tribunal neoyorquino. La Corte de Apelaciones halló como incomprensibles los argumentos de Cabello y declaró cerrado el caso.

    Manuel Puyana, que tiene prohibido salir del país y que está obligado a presentarse semanalmente ante los tribunales (lo primera por publicar un artículo del exchavista Carlos Genatios y la segunda por recoger la noticia de ABC) exige que se levanten las restricciones.

    Prescripción a los 18 meses

    Según el código orgánico penal venezolano, después de 18 meses prescriben las causas por difamación y calumnia que no hayan tenido sentencia definitiva. En este caso se encuentran los 21 directivos de los tres medios desde hace más de tres años acusados por Diosdado Cabello por difamación. Estos demandados se sienten en el limbo judicial. Unos once de los 21 directivos lograron huir de las garras judiciales de Cabello, pero unos diez permanecen en Caracas esperando una justicia que no llega. «El número dos del régimen debe de haberse olvidado de nosotros», dice Puyana.

    «No sabemos si es por vergüenza o por temor a Cabello que los tribunales nacionales no sentencian -continúa-. Pero nuestro caso ya está prescrito, llevamos más de tres años por lo de ABC y el límite son 18 meses. Solicitamos la liberación con nuestros abogados y los tribunales no se atreven a responder. Un silencio total», añade el directivo de «Tal Cual», un medio que ha tenido que renunciar a la publicación impresa y ofrecerse solo en formato digital por falta de papel prensa.

  • Maduro anuncia el restablecimiento de las relaciones con Panamá

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció hoy el restablecimiento de las relaciones de su país con Panamá, en crisis desde hace casi un mes tras la imposición de sanciones económicas mutuas.

    «Conversé con el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, (...) hemos acordado tres cosas: primero el regreso de los embajadores de Panamá y Venezuela a sus respectivas embajadas», anunció el mandatario venezolano en una rueda de prensa en Caracas.

    Anunció además, «retomar la colectividad aérea con todas las líneas aéreas a partir de mañana», suspendidas por el Gobierno venezolano -dejando a centenares de pasajeros varados en distintas ciudades- y en tercer lugar la creación de una comisión presida por los cancilleres de ambos países para hacer frente a los asuntos pendientes.

    «En 30 días (esa comisión) nos debe dar un informe para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los dos gobiernos y los dos países», explicó.

    El acercamiento entre ambos jefes de Estado, tras varias semanas de fricciones, fue producto de la mediación del presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a quién Maduro agradeció por sus gestiones.

    Asimismo agradeció a Varela, quien aseguró fue su amigo cuando ambos fueron cancilleres de sus respectivas naciones, con el que mantuvo «muy buena comunicación».

    «Hemos acordado tener las mejores relaciones bilaterales, y tratar de canalizar nuestras diferencias y problemas de la mejor forma», añadió.

    Las diferencias diplomáticas se remontan al 28 de marzo cuando Panamá pidió a los bancos establecidos en el país intensificar la supervisión financiera sobre 55 venezolanos políticamente expuestos, entre ellos el propio Maduro, por ser considerados de «alto riesgo» en materia de blanqueo de capitales.

    El Gobierno de Venezuela respondió a esto suspendiendo las operaciones de una lista de empresas panameñas, incluyendo la interconexión aérea de los países operada por la panameña Copa Airlines.

    Durante los últimos días, el presidente venezolano insistió públicamente en su deseo de hablar con Varela para solucionar la crisis, defendiendo además que las acciones diplomáticas y económicas que emprendió su Gobierno fueron una respuesta de «reciprocidad» y «justicia».

  • ¿Qué están comprando y vendiendo los mejores de la bolsa española?

    El Ibex 35 no levanta cabeza, bailando estrechamente entre los 9.800 y 9.500 puntos desde mediados de febrero. Y sin embargo hay fondos de inversión que se mantienen en positivo en el año y que incluso le sacan una rentabilidad (neta, es decir, descontando ya las comisiones) de doble dígito al índice nacional. Con unos mercados más revueltos, los gestores han estado más activos de lo habitual. Está siendo un año muy claro de «stock picking» (selección de valores), como lo define José Ramón Iturriaga, gestor del Okavango Delta FI, el Kalahari FI, y el Spanish Opportunities Fund de Abante Asesores. Por ello, hablamos con los que mejor lo han hecho en el arranque de año, que nos cuentan las nuevas ideas que han encontrado en los últimos tres meses.

    Un rally no implica estar caro

    Tras acumular subidas de triple dígito el año pasado, lo normal es que diera vértigo mantener en cartera los mismos valores que tan bien funcionaron el año pasado. Pero lo cierto es que la estrategia ganadora en el primer trimestre precisamente ha sido mantenerse firme en ciertas convicciones.

    En los dos fondos más rentables del año, el Mediolanum Small & Mid Caps España y el Gesconsult Renta Variable, coincide una posición importante en Cie Automotive. Es una compañía que siempre ha gustado a ambos equipos de gestión. Lola Jaquotot y Alfonso de Gregorio, gestores del fondo de Mediolanum, lideraban hasta hace medio año la estrategia de renta variable de Gesconsult. Un hueco que pasó a ocupar Gonzalo Sánchez. Como explica Jaquotot, Cie llevaba presentando buenos resultados desde 2014, por lo que pese a las subidas en bolsa, los múltiplos a los que cotiza no se han expandido. «Nos ofrece una visibilidad bastante alta de cara a diversificación, a crecimiento -tanto en emergentes como mercados maduros- y en mejora de márgenes», afirma. Sánchez coincide en el argumento de la experta, y resalta la posibilidad de ver mayor actividad inorgánica en el futuro cercano de Cie.

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  • Las reales academias denuncian el deterioro de la ciencia en España

    El Instituto de España, que integra las diez reales academias españolas, ha denunciado en un manifiesto que en la última década el sistema de investigación español se ha deteriorado, aunque «los efectos más negativos aún no se hayan detectado». Por eso ha pedido aumentar los fondos y el capital humano y un ministerio de ciencia.

    Este instituto recuerda que, en la crisis, España fue uno de los pocos países de la UE que no sólo no incrementó la inversión en I+D, sino que la redujo un 10% respecto a la de hace diez años. Por otro lado, países como Alemania, Francia y el Reino Unido, entre otros, la aumentaron en cerca de un 40%.

    Esto se suma al hecho de que en España la inversión pública en ciencia representa solo el 1,2% del PIB, mientras que la media europea es del 2%.

    «La pérdida de posición en ciencia y tecnología supone una importante disminución en la capacidad de modificar el modelo productivo», recuerda este instituto, que apunta que la inversión pública por investigador es «la más baja desde los años 80 del siglo pasado».

    Escasa inversión, burocracia y sector privado débil

    Para el Instituto de España, la «escasa inversión» y el aumento de la burocracia son dos graves problemas de la ciencia española.

    Pero señalan otros. En este sentido, recuerda que la mayor parte de la investigación se hace en las universidades y que para relanzar la I+D en España es necesaria su reforma, concretamente, modificando el sistema universitario de investigación.

    La responsabilidad de las universidades

    «Dicho cambio ya ha sido abordado en parte, en Cataluña y en Euskadi con la creación de instituciones como el ICREA que aportan nuevo capital humano de alta calidad, externo al sistema. La mejora de la calidad de todo el profesorado universitario probablemente esté ligada a un cambio en la gobernanza de las universidades», señala el organismo.

    La institución también señala que «para que la sociedad valore la importancia de la investigación es necesario demostrar su relevancia», y que eso no solo se demuestra «publicando muchos artículos científicos sino haciendo descubrimientos que tengan un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos».

    Además, según las reales academias, la inversión en I+D del sector privado es «muy débil», en consonancia con la ausencia de suficientes empresas de gran tamaño que son las que más invierten en este campo, y «los esfuerzos realizados para promover la investigación en el sector privado no han sido suficientes para acortar la brecha que nos separa de los países más avanzados».

    Más inversión y más capital humano

    Por eso, el Instituto de España, además de un incremento de la financiación de la I+D en general, pide facilitar el aumento de la I+D privada e incrementar el capital humano externo y de alta calidad en las universidades, mejorando su gobernanza y facilitando la reincorporación de científicos españoles en el extranjero.

    También, la promoción de acciones que fomenten la visibilidad de la ciencia en la sociedad y la creación de un ministerio de ciencia con un ministro con capacidad de influencia dentro del Gobierno.

    Forman parte del Instituto de España las diez reales academias nacionales, la Española, la de Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la de Ciencias Morales y Políticas, la Nacional de Medicina, la de Jurisprudencia y Legislación, la Nacional de Farmacia, la Real Academia de Ingeniería de España y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.

  • Una pareja que iba con una bandera de España denuncia una agresión

    La Policía Nacional investiga la presunta agresión y los insultos homófobos denunciados este miércoles en Valencia por dos jóvenes que portaban una bandera de España. De acuerdo con las fuentes consultadas por ABC, los hechos -en los que habrían participado unas veinte personas- se produjeron en la boca del Metro de la avenida Fernando el Católico a las seis y media de la tarde, según consta en la denuncia interpuesta por la pareja ante la Policía Nacional.

    Este miércoles había dos convocatorias de diferente índole política en la ciudad, que propiciaron un importante despliegue policial. Por una parte, el partido de extrema derecha España 2000 celebró una protesta ante la sede de Compromís en Valencia, situada en la Plaza del Pilar. Por otra parte, el grupo separatista Arran celebró una jornada «antifascista» en la misma plaza del casco antiguo de la ciudad, en el marco de la conmemoración del 25 de abril.

    Los altercados denunciados se produjeron al finalizar las dos convocatorias. De acuerdo con fuentes de la investigación hasta ahora no se han producido identificaciones.

  • Baviera decide que el crucifijo esté visible en sus edificios públicos

    A partir del próximo 1 de junio, todos los edificios de la Administración regional de Baviera deberán tener un crucifijo en lugar visible en la entrada y se valorará también que las cruces vayan poblando salones y despachos de los edificios públicos. Es una orden directa del presidente de Baviera, el socialcristiano Markus Söder, que ha justificado la decisión recordando que “la cruz no es un símbolo religioso, sino el símbolo fundamental de la identidad cultural del carácter cristiano-occidental” y por ello “no viola el principio de neutralidad” a que están obligadas las administraciones públicas en Alemania.

    El crucifijo ya fue motivo de polémica en esta región alemana en 1985, cuando un padre protestó por las cruces en el colegio de sus hijos, y recibió como respuesta del Tribunal Constitucional, diez años después y con decenas de miles de católicos protestando en las calles, que si algún padre se oponía con “razones serias” a una cruz en una escuela, esa cruz debía ser retirada. A nadie escapa que Söder juega ahora una baza electoral, de cara a las regionales del próximo otoño. “Queremos enviar una señal clara de que la gente desea subrayar su identidad”, ha dicho el presidente de Baviera, luterano practicante y que ha colgado personalmente en la Cancillería una cruz regalada en su día por el cardenal Friedrich Wetter, arzobispo emérito de Munich, y bendecida por la Iglesia evangélica, que hasta el 2008 ornaba la sala del Consejo de Ministros del gobierno regional. Y como era de esperar, el anuncio ha levantado ya una polémica en los medios de comunicación alemanes. La profesora de Teología Práctica de la Universidad Albert-Ludwigs de Freiburg, Ursula Nothelle-Wildfeuer, ha denunciado que “se trata de una instrumentalización política de la cruz, que es fundamentalmente un signo religioso, no identitario de una cultura o una región”.

    Mohamed Abu El-Qomsan, presidente del Consejo Central de los Musulmanes de Baviera, se ha quejado formalmente por la “violación de la neutralidad religiosa que supone la medida. “Por supuesto que es un símbolo religioso, no cultural y tanto los judíos y musulmanes como los ateos están afectados”, ha dicho.

    “En cada una de las habitaciones de la redacción de Dom Radio cuelga un crucifijo”, dice el redactor jefe de este medio católico alemán, Ingo Brüggenjürgen, “pero no tiene que ver con nuestra identidad de habitantes de Colonia sino con el reconocimiento de la necesidad de orientar nuestra vida hacia Cristo. Quizá las cruces en Baviera sean un buen principio en esa dirección, pero si solamente son un instrumento electoral del señor Söder creo que no es el más adecuado”.

  • La Justicia declara nulo el decreto de plurilingüismo valenciano

    Nuevo varapalo judicial al modelo educativo del Gobierno formado por el PSPV y Compromís. Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)ha declarado la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad.

    El TSJ considera que el decreto discrimina al castellano frente al valenciano en las aulas. Además, entiende que el contenido del decreto derogado, que se mantiene en la ley vigente, vulnera las normas estatales y la Constitución.

    En su resolución, el TSJ reconoce el derecho de los padres a una enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales.

    Según un comunicado de la Conselleria de Educación, «la sentencia comunicada por el TSJ no afecta ni al funcionamiento normal de los centros educativos, ni al alumnado ni al profesorado valencianos».

    Por su parte, la portavoz de Educación del Partido Popular en Les Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha exigido el cese "inmediato" del conseller de Educación, Vicent Marzà, "por intentar imponer su modelo separatista de forma ilegal".

    La diputada ha responsabilizado directamente al 'president', Ximo Puig, de esta situación: "Puig debe asumir sus responsabilidades políticas tras el nuevo varapalo del TSJ, cesar ya a Marzà y retirar la nueva ley antes de que sea demasiado tarde y no vuelva a imponer a nuestros niños una norma ilegal".

    "Puig y (Mónica) Oltra --vicepresidenta-- intentaron, a través de la Abogacía de la Generalitat, paralizar esta sentencia a sus decretos para que no se conociera la verdad y no se visibilizara el sectarismo y el intento de manipulación social de este Consell", ha aseverado.

    Según informa el TSJ, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal ha estimado los recursos interpuestos por varios colectivos de padres de alumnos y anula los artículos 9.4, 17, 18, 19, 20 y 21, la disposición adicional octava y los anexos XI y XII del Decreto 9/2017 por entender que tales preceptos de la norma, que se encontraba suspendida de manera cautelar por el Tribunal, vulneran la Constitución, son contrarios a la legislación nacional y autonómica y suponen una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas.

    Según el TSJCV, pese a que la norma fue “formalmente” derogada, “sus efectos se prolongaban en el tiempo por haberlo asumido el Decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017/2018 de los proyectos lingüísticos de centro (PLC)” y por Ley valenciana 4/2018 (disposición transitoria segunda) aprobada en febrero, que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.

    De acuerdo con las mismas fuentes, la Sala ha dictado cinco sentencias que resuelven en el mismo sentido los recursos interpuestos contra el decreto de plurilingüismo. En las mismas concluye que esta norma (cuyo contenido fue asumido por el decreto ley, aprobado en septiembre, a punto de comenzar el curso, para esquivar la orden del TSJ que obligaba a mantener el modelo anterior, y por la ley aprobada el pasado mes de febrero), “ha supuesto la eliminación de la opción del castellano en la mayoría de los centros sostenidos con fondos públicos” al impedir la coexistencia de un programa plurilingüe en castellano y valenciano sin que se haya acreditado que tal coexistencia genere discriminación o segregación”.

    «Manifiesta desigualdad en detrimento de la lengua castellana»

    La Sala concluye que, “el sistema, al establecer una manifiesta desigualdad en detrimento de la lengua castellana, está vulnerando la disposición adicional trigésimo octava nº 3 de la Ley Orgánica de Educación, que proscribe la discriminación de cualquiera de las lenguas oficiales”.

    “Sólo se puede elegir un nivel en cada centro, ésa es la diferencia con el sistema anterior donde convivían ambas líneas, con lo cual, desaparece en la mayoría de los centros la línea de castellano y sólo queda como se ha expuesto en los territorios históricos castellano-parlantes del art. 36 de la Ley valenciana 4/1983; la línea intermedia mayoritariamente sólo la ofrecen los centros concertados, el resto de centros sostenidos con fondos públicos, salvo muy escasas excepciones, ofrece únicamente la línea en valenciano”.

    Según la resolución, notificada hoy a las partes, la opción de la enseñanza en castellano “únicamente se ha mantenido” en aquellos territorios de cada una de las provincias donde históricamente no se ha hablado valenciano, “y como opción intermedia en los centros concertados”.

    La inmersión lingüística, subraya el Tribunal, tiene cabida siempre que “exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales”. Y este extremo se incumple en la Comunidad Autónoma, vulnerando con ello varios artículos de la Constitución.

    Castellón es la provincia de la Comunidad donde, según los magistrados, existen más “desproporción en detrimento de la lengua castellana” ya que de los 91 centros sostenidos con fondos públicos, ninguno tiene línea en castellano y en solo 11 se puede optar por el modelo mixto (valenciano-castellano) frente a los 75 que optan por el valenciano.

    En este sentido, la Sala recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el bilingüismo, que establece el carácter vehicular de la lengua castellana y valenciana, “sin que la línea castellana sea una mera apariencia”.

    Añaden que “ninguna de las dos lenguas tiene carácter exclusivo ni excluyente” y ambas “han de estar presentes en el sistema educativo en una proporción razonable, no existiendo un derecho de opción a estudiar exclusivamente en castellano o en la lengua cooficial de las comunidades autónomas donde exista”.

    Según la citada jurisprudencia, “el ejercicio de la potestad legislativa en materia lingüística encuentra sus límites en la necesaria preservación de la garantía de uso normal de las lenguas cooficiales y en la prohibición de medidas excluyentes, peyorativas o desproporcionadas que impliquen un desequilibrio para alguna de las lenguas oficiales”.

    La sentencia subraya que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional “ha repetido hasta la saciedad que el castellano debe ser lengua vehicular en el sistema educativo, que los alumnos tienen derecho a recibir la enseñanza en castellano y en el resto de lenguas cooficiales, a adoptar las medidas oportunas a fin de que la utilización en la enseñanza de la lengua castellana o de las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación, que en caso de implantar un sistema de inmersión lingüística exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales y, en estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”.

    Añade que “si esas son las obligaciones que impone la Ley a los poderes públicos (en España a las Comunidades Autónomas), obviamente, debe existir el correlativo derecho a exigirlas, en nuestro caso, estimamos que los padres o tutores son los primeros destinatarios de ese derecho, por tanto, debe existir una oferta alternativa razonable y proporcionada para los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano puedan optar a ella”.

    Los derechos de los padres

    Por tal motivo, concluye que este derecho de los padres no puede ser sustituidos ni por la Administración ni por el Consejo Escolar ni por las Asociaciones de Padres. “La mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la Administración es dejarles que opten primero y organizar los PLC en función de su elección”.

    A este respecto, el tribunal señala que en el Decreto examinado “no existe como derecho individual. los padres entre el 22 y 29 de mayo de 2017 tuvieron que elegir centro con el programa plurilingüe aprobado, además, prácticamente no podían elegir centro”.

    Los magistrados que integran la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo consideran que “el sistema actual, desde el prisma del derecho de los padres o tutores a elegir que sus hijos tengan como lengua vehicular el castellano es manifiestamente insuficiente, a lo que se une la práctica imposibilidad de elegir centro al no ser la lengua vehicular criterio de preferencia, extremo en el que se produce una nueva vulneración de la legislación autonómica, estatal y la Constitución.

  • ACADE celebra 40 años de defensa de la libertad de enseñanza y la calidad

    La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) celebró ayer sus 40 años de existencia. Lo hizo coincidir con la entrega de los VII premios Educación y Libertad. Estos galardones reconocen el «compromiso de personas e instituciones con las máximas que componen la libertad y la educación de los hombres».

    Los galardonados en esta edición fueron: la nadadora paralímpica Teresa Perales; el padre Ángel; la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco; el astronauta e ingeniero aeronáutico, Pedro Duque; el chef Ferran Adrià y el maestro y filósofo Fernando Pérez.

    El presidente de Acade, Jesús Núñez, recordó que el nacimiento de la asociación surgió al calor del clima de libertad que asomaba con la democracia. «Era imprescindible construir una asociación plural, que integrase a los centros privados, respaldara sus valores como empresas educativas y que defendiera la libertad de enseñanza».

    Libertad que han defendido a lo largo de 40 años colaborando en la redacción de todas las leyes educativas que han surgido en democracia y defendiendo la democratización de la educación privada para que sea accesible a todos los españoles y trabajando para que las administraciones otorguen a las familias que eligen sus centros «el mismo trato económico y fiscal que a los padres que eligen escuelas públicas y concertadas».

    Así, recordó uno de los mayores logros de ACADE cuando, en 2009, lograron que en la Comunidad de Madrid se implantara la desgravación fiscal de los gastos escolares. Objetivo que, pretenden extender al resto de comunidades.

    Ante los imparables cambios que afronta la sociedad, fruto del desarrollo tecnológico, Núñez recordó que la escuela debe ser un actor fundamental en el proceso. Finalizó recordando que a los niños hay que darles «educación excelente, formación y pasión por ellos mismos y por la humanidad».

  • Así debes prepararte si quieres acceder a la Policía Nacional

    ¿Quieres ser Policía Nacional? Ahora es un buen momento. Con la convocatoria de miles de plazas cada año para las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía, nos encontramos en el mejor momento de los últimos años. Sin duda, se trata de una oportunidad que los aspirantes al CNP no deben dejar escapar.

    Pero, ¿qué se necesita para conseguir una plaza? Además de asegurarnos de que cumplimos con todos los requisitos -no presentar ninguna exclusión médica ni física o tener los permisos de conducir en regla, entre otros- debemos estar bien preparados y es muy recomendable rodearnos de profesionales con experiencia en oposiciones de Policía Nacional.

    Contar con un temario actualizado de Policía Nacional es fundamental. Además, herramientas como un campus virtual con clases en directo y videoclases 24h, con las que el opositor puede complementar el estudio, pueden resultar de gran utilidad. Servicios con los que cuentan los alumnos de la academia de oposiciones MasterD, quienes reciben una atención personalizada desde el principio, con una preparación flexible que se ajusta a sus condiciones y horarios.

    Lo ideal es disponer de una preparación específica para las pruebas físicas con el asesoramiento de entrenadores personales y la posibilidad de realizar simulacros de las pruebas oficiales de Policía Nacional. «Estos simulacros te permitirán conocer tu nivel de cara a los exámenes oficiales de la oposición y ver qué puntuación obtendrías, pudiéndote comparar con otros opositores que aspiran al mismo puesto que tú», explican desde MasterD.

    El objetivo no es aprobar, sino obtener una plaza. Por ello, esta academia pone a disposición del aspirante a Policía Nacional el sistema P8.10. Este sistema exige al alumno obtener un mínimo de 8 puntos sobre 10 en todos los exámenes realizados durante el curso, similares a las pruebas reales de la oposición. El sistema está orientado a que los alumnos aspiren siempre a la mayor nota posible.

    La academia de preparación de oposiciones MasterD lleva más de 20 años preparando aspirantes para las oposiciones a Policía Nacional mediante una metodología de formación abierta. Esto combina lo mejor de la formación online, a distancia, con lo mejor de la formación presencial, mediante talleres y seminarios presenciales en los 25 centros de MasterD ubicados en las principales ciudades de España.

    El éxito de sus alumnos ha situado a MasterD como la academia líder en preparación de oposiciones para ser Policía Nacional.

  • Vuelve a fugarse la menor que ejerció la prostitución en el barrio de Azca

    Otra vez lo ha vuelto a hacer. Y su madre ya no puede más. No sabe cómo actuar. Se trata de la menor de 14 años que estuvo dos meses desparecida y fue localizada por la Policía Municipal de madrugada el pasado 5 de abril. Estaba cerca de una discoteca de Azca en la calle de Orense, a la caza de clientes para prostituirse. La cría confesó que se ganaba la vida así y no mentía. En su bolso tenía preservativos y en el móvil imágenes comprometedoras practicando sexo con adultos.

    Durante el tiempo que ha estado en su casa su madre ha vuelto a presentar dos denuncias más en la comisaría de Tetuán: el 12 y el 24 de este mes. La adolescente aparece y desaparece continuamente para desesperación de su progenitora. Ahora la llama para tranquilizarla y va y viene.

    Del caso se encarga la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que investiga si la menor es víctima de explotación sexual por parte de mafias, así como la identidad de las personas con las que aparecía en los vídeos por un delito de abuso sexual a menores de 16 años. En los dos meses que permaneció fugada su madre interpuso dos denuncias, por lo que en total en apenas tres meses lleva ya cinco.

    Mintió

    Cuando fue abordada por los agentes de la Policía Municipal el 5 abril la cría les mintió: les dijo que tenía 19 años. Su aspecto no encajaba, por ello, le pidieron la documentación. Ella trató de darles esquinazo ya que les dijo que tenía su bolso en un bar de copas y entró por la puerta trasera, con intención de marcharse por la principal.

    No lo consiguió. Les mostró un DNI falsificado de una persona adulta. Como los policías vieron que claramente no era ella, se dirigieron a comisaría para comprobar su identidad, ya que al revisarle el bolso encontraron en su interior numerosos preservativos, lo que hizo sospechar a los agentes que podría estar ejerciendo la prostitución.

    Ella explicó que dejaba el bolso en ese local ya que conocía a uno de los empleados. No se sabe si era su «lover boy», novio-proxeneta o si el local tiene alguna relación con su actividad.

  • ¿Hubo una civilización anterior a la Humanidad?

    La inmensa mayoría de los científicos están convencidos de que «ahí fuera», en alguna parte, la vida puede haber arraigado del mismo modo, o casi, en que lo hizo en la Tierra. La búsqueda de vida extraterrestre, en efecto, se ha convertido, prácticamente, en la razón de ser de la mayor parte de las agencias espaciales. Decenas de misiones a Marte, a Júpiter, a Saturno e incluso más allá, tienen como principal objetivo buscar rastros de vida, de cualquier tipo de vida, fuera de la de nuestro mundo natal.

    Algunos, como el astrofísico de la Universidad de Pennsilvania Jason Wright, llega incluso más lejos al sostener que sería perfectamente posible la existencia de civilizaciones alienígenas. ¿Pero cómo encontrarlas? El Universo es tan vasto y existe desde hace tanto tiempo que esas hipotéticas civilizaciones podrían haber prosperado hace miles de millones de años, incluso antes de que la propia Tierra se formara. O, de ser más o menos «contemporáneas» podrían estar tan lejos que cualquier intento de contacto o comunicación se vería truncado por las leyes de la Física.

    ¿Imaginan una conversación por radio en la que nuestro interlocutor estuviera, por ejemplo, a 50 millones de años luz de distancia? Nuestros mensajes tardarían todo ese tiempo, 50 millones de años, en llegar a su destino, y una respuesta se tomaría otros 50 millones de años más en volver hasta nosotros. Y eso que 50 millones de años luz puede considerarse «cerca» en términos cosmológicos...

    Por eso, Wright considera una posibilidad aún más arriesgada. ¿Y si aquí, en nuestro propio Sistema Solar, hubiera habido otra civilización en algún momento del pasado, incluso antes de que la Humanidad surgiera en la Tierra? Una civilización así, además, si hubiera tenido capacidades tecnológicas habría sido perfectamente capaz de dejar estructuras y rastros reconocibles incluso después de millones de años después de su desaparición. Para este investigador, sería mucho más sencillo tratar de localizar esos antiquísimos restos que empeñarse en encontrar bacterias en Marte o en las lunas de los planetas gigantes de nuestro sistema.

    Por supuesto, para buscar tales restos no sirve cualquier sitio. Venus, por ejemplo, que en el pasado tuvo agua en abundancia, hoy es un infierno venenoso que habría podido borrar cualquier signo de vida pasada. ¿Dónde buscar entonces? Wright afirma que el subsuelo de mundos como la Luna o Marte, o incluso los objetos de tamaño planetario del cinturón de Kuiper, en las afueras del Sistema Solar, serían los lugares más adecuados para buscar artefactos u otras señales tecnológicas que habrían sobrevivido hasta nuestros días.

  • La violencia «gratuita» de Juliangela: apuñala a una mujer y huye a Colombia

    La Fiscalía de Madrid solicita 17 años de prisión para una acusada del asesinato a puñaladas de una mujer, a quien propinó numerosos cortes en zonas vitales.

    El juicio se celebrará el próximo 4 de mayo. El fiscal considera que la acusada ejerció tal violencia que supuso a la víctima «un sufrimiento innecesario al ser objeto de una violencia desmedida y gratuita al asestarle varias puñaladas por todo el cuerpo».

    Según el fiscal, sobre las 10:30 horas del 12 de junio de 2011 la acusada se encontraba en el domicilio de la víctima y «en un momento dado» procedió a asestarle con un arma blanca diversas cortes en distintas partes del cuerpo como: manos, brazos, cabeza, tórax o rodilla.

    Juliangela Queiroz Amaral, a quien se le imputa un delito de asesinato con ensañamiento, tuvo tiempo también para provocarle cinco cortes en el cuello y región cervical «que seccionaron la tráquea, las venas yugulares de ambos lados y músculos del lado derecho del cuello».

    Todas estas heridas provocaron en la víctima una hemorragia que le ocasionó la muerte. La acusada fue detenida en Colombia el 26 de abril de 2015 y extraditada a España el 26 de abril de 2017.

    Para ella la Fiscalía también le reclama una indemnización de 200.000 euros para los familiares de la víctima (esposo y hermana).

  • Así es la formación para llegar a ser niñera de élite

    María Teresa Turrión Borrallo salto «a la fama» por convertirse en la primera niñera no británica en empezar a trabajar en la Casa Real de Inglaterra. Muchos fueron los comentarios al respecto, al igual que surgieron dudas del cómo había llegado hasta allí, de qué estudios o formación tendría.

    Lo cierto es que esta palentina lleva más de dos décadas en Reino Unido, con una base de formación en Norland College, el centro «más prestigioso» de Europa —lleva 125 años activo— para aprender a ser la mejor niñera de élite. La escuela, con sus estudios, ofrece un programa «exclusivo» de Grado validado por la Universidad de Gloucestenshire.

    Se trata de un curso de 3 años a tiempo completo y uno último que pasa, exclusivamente, en compañía de una familia. Durante los primeros, los alumnos combinan las clases teóricas con sesiones prácticas y experiencia con niños.

    Una vez pasados estos cuatro años, los estudiantes reciben el título de especializada en el desarrollo de la primera infancia. Cada curso suponen un coste total de, aproximadamente, 15.000 euros.

    Fases de admisión

    Antes de graduarse y conseguir trabajar para los Duques de Cambridge, tanto Turrión como todo aquel que lo desee tiene que pasar por unas pruebas de admisión.

    ¿En qué consisten? Partiendo de la base de que aceptan, como máximo, 80 solicitudes nuevas cada curso, los requisitos si eres español, por ejemplo, tienen que pasar por lo siguiente. Tal y como se refleja en la web de la escuela: «Si es ciudadano británico (o nacional del área económica europea (EEE) o nacional suizo), pero no tiene cualificaciones en el Reino Unido, póngase en contacto con el  Centro nacional de información de reconocimiento del Reino Unido (UK NARIC). NARIC es una Agencia Nacional, administrada en nombre del Gobierno del Reino Unido, y proporciona la única fuente oficial de información sobre cualificaciones internacionales para las personas que desean estudiar en el Reino Unido. Una vez que NARIC haya escrito para confirmar sus calificaciones en comparación con una calificación del Reino Unido, deberá proporcionar esta información a Norland. Sus calificaciones deben ser equivalentes o superiores a nuestros requisitos mínimos de ingreso».

    Además, los alumnos que quieran cursar este Grado, deberán demostrar que tienen suficiente competencia en el idioma inglés.

    Condiciones

    Los estudiantes de Norland se caracterizan por su uniforme, de obligado uso durante los años que dura el Grado: guantes blancos, uniforme beige y gorro de fieltro. Durante ese tiempo, también, viven en casas de estudiantes compartidas en Bath, ciudad donde se encuentra la escuela.

    Como educación complementaria, aprenden y entrenan en técnicas en primeros auxilios. A la hora de practicar sobre cuidados en niños, tienen muñecos con chips incorporados para que lloren.

    Los alumnos de Norland son educados bajo el código del silencio, ya que —según informan en su web— la discreción y la defensa de la privacidad de las familias se ubican en primer lugar.

  • Desenmascaran a una concursante por sus fotos de Instagram

    Penúltima noche de la semana en First Dates, y en el restaurante de Carlos Sobera siguen con la misma fogosidad que la primera. Más de 600 programas acumula ya a sus espaldas el celestino más popular de la televisión. En Cuatro han encontrado la gallina de los huevos de oro con su programa de citas, que en ninguno de sus cinco días de emisión semanales baja del 7% de cuota de audiencia.

    La noche empezó en clave homosexual, con Adrián y Moisés como protagonistas. La pareja superaba por poco los 20 años, y él primero vive en la capital de España mientras que Moisés es gaditano. Hartos de la soledad y del n a su tan corta edad, los jóvenes fueron al restaurante del amor buscando algo diferente. Adrián es un nostálgico de tiempos mejores, pues cree que «el amor se está extinguiendo». La velada fue agradable y los dos chicos descubrieron sus muchos parecidos: tatuajes, piercings, forma de ser...Todo indicaba que el madrileño y el gaditano iban a marcharse juntos a casa. Y así fue, e incluso antes de marcharse ya estaban besándose apasionadamente ante las cámaras en el cuello y la oreja.

    Apareció un poco más tarde una pareja de empresarios con muchas inquietudes en común. Mario es madrileño de 38 años y Bianca venezolana de 32 a la que le encanta «reír y emprender cosas nuevas». En el transcurso de la conversación fueron descubriendo sus paralelismos y algunos de los proyectos que querían emprender en común. Mario confesó que su sueño empresarial era montar una casa rural en Asturias, una idea que apasionó también a la venezolana y dejó puestas las bases para una posible segunda cita. Mario no dudó y le dio una segunda oportunidad de Bianca, que también le dio un sí y dijo tener «ganas de conocerte todavía mucho más».

    Hubo también tiempo para los personajes raros y excéntricos que suelen aparecer por allí. Josué es un joven de 27 años que trabaja en Tenerife como vigilante de seguridad que confesó uno de sus vicios más inconfesables: «Desde que me separé estoy enganchado al deporte. Antes lo hacía para disfrutar, porque me gustaba, pero lo tengo como objetivo único, quiero sacarme un cuerpo bonito». Frente a él se sentó Nataly, una bailarina de 30 años que buscaba en First Dates a un «hombre fácil».

    Ella fue muy clara nada más conocerlo y dijo que no le gustaba su físico. Y ya de ahí fue para arriba, mostrándose continuamente en desacuerdo con lo que Josué decía, poniendo malas caras...Pero el canario se guardaba un as en la manga, y es que ya conocía a Nataly por seguirla en Instagram. Y eso le sirvió para darse cuenta de muchas de las mentiras que le estaba contando. Dijo Nataly que ella odiaba el mundo de la noche, pero Josué dijo a las cámaras que «la imagen que da en las redes sociales no es de alguien que odia la noche, sino todo lo contrario».

    Luego sacaron el tema de la maternidad, y Nataly dijo ser una persona que le da mucha importancia a ser buena madre y que quiere inculcarles valores muy estrictos a sus hijos. «Pues si así entonces, ¿por qué sube fotos desnuda, siempre rodeada de chicos? No me encaja mucho», explicó Josué. Y cuando llegó el final soltó su bomba: «Busco todo lo contrario que eres tú, he visto tus fotos semidesnudaa», le dijo a la hora de dar la respuesta definitiva. Nataly, indignada, le llamó machista y se marchó de plató.

 

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